Málaga, 25 de julio de 2009.- A los tradicionales problemas no resueltos del sector de los puertos deportivos se viene a sumar la crisis económica, poniendo en peligro la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y la viabilidad empresarial de un sector básico del turismo andaluz, principal riqueza de nuestra autonomía.

A los desorbitados cánones impuestos por la Junta y a la competencia desleal que ejercen los puertos públicos, ambos asuntos denunciados en los tribunales, se suma ahora la crisis económica.

Los puertos deportivos ven como aumenta la morosidad en sus instalaciones, tanto de embarcaciones como de locales comerciales. Las matriculaciones de embarcaciones no para de bajar en todo el litoral, afectando a la Industria Náutica y ahora a la portuaria. Y, por último, la disminución del uso de los atraques empieza a ser alarmante. Los barcos de medias y grandes esloras huyen hacia mercados emergentes, más baratos, debido a los precios tasados y controlados por la Administración. Por su parte, los propietarios de pequeñas embarcaciones se las llevan a tierra para sanear sus economías personales y evitar así un gasto más.

A falta de decisiones judiciales rápidas y efectivas sobre los cánones o la competencia desleal, los puertos de gestión privada solicitarán a la Administración, como medida de choque, la retirada de los cánones que se pagan a la Administración. Si estos cánones, incrementados unilateralmente hasta en un 2.500 % en algunos casos, amenazaban a más de un puerto con el cierre. Ahora hacen inviable a todo el sector.

Los puertos deportivos andaluces están manteniendo tanto la estabilidad laboral de sus trabajadores como la calidad de los servicios que prestan. Antes que sacrificar esta tradicional política, llevada a cabo a costa de beneficios, Marinas de Andalucía pide comprensión y medidas efectivas a los estamentos públicos para que uno de los pilares de nuestro Turismo no se derrumbe.

Los puertos deportivos de gestión privada en Andalucía dan empleo directo permanente a más de 400 trabajadores. En los recintos portuarios prestan sus servicios más de 5.000 trabajadores cada día y las decisiones sobre el sector afectan a unas 40.000 personas entre titulares de derechos de atraque y locales, empleados de locales comerciales, náuticas, industria auxiliar etc.