José Carlos Martín revalida la presidencia de la patronal de los puertos deportivos junto con su equipo en el que han resultado reelegidos José Figueroa Cuenca y Miguel García Vilaseca, como vicepresidente y secretario general respectivamente.

El Puerto de Sotogrande vuelve a convertirse en sede de las elecciones para determinar la Comisión Delegada de Marinas de Andalucía dentro de la celebración de la Asamblea General Ordinaria.

El encuentro ha contado con la participación de los directores y gerentes de los puertos asociados que representan al 90% de los puertos privados andaluces y a más del 60% de todos los atraques.

Sotogrande, 29 de mayo de 2009. El Puerto Deportivo de Sotogrande vuelve a repetir como sede de la celebración de las elecciones que determinan uno de los órganos de decisión y gobierno de Marinas de Andalucía, la Comisión Delegada (Junta Directiva). Una vez más, José Carlos Martín Sánchez es reelegido como presidente de la patronal de los puertos deportivos; con éste, suma ya tres mandatos al frente de una asociación que integra al 90% de las instalaciones náuticas de gestión privada distribuidas por todo el litoral andaluz.

Junto a Martín, revalidan su cargo José Figueroa Cuenca, vicepresidente, y Miguel García Vilaseca, secretario general. Igualmente, los cargos de vocales de la Comisión Delegada, vuelven a recaer en Ramiro Fernández González, del Puerto de Sotogrande; Manuel García Páez, del Puerto de Aguadulce; y Antonio Coín Ciézar, del Puerto de Cabopino.

La renovación de los cargos de la Comisión Delegada se enmarca dentro de los puntos del orden del día tratados en la Asamblea General Ordinaria de Marinas de Andalucía.

El acto ha contado con la asistencia de los responsables de los puertos que integran Marinas de Andalucía los cuales representan a más del 60% de todos los atraques.

Los puertos deportivos de gestión privada en Andalucía dan empleo permanente a más de 400 trabajadores directos, en los recintos portuarios cada día prestan sus servicios más de 5.000 trabajadores y las decisiones sobre el sector afectan a unas 40.000 personas entre titulares de derechos de atraque y locales, empleados de locales comerciales, náuticas, industria auxiliar etc.