La política y la gestión de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) empieza a ser cuestionada. No sólo por los promotores privados de este tipo de instalaciones náuticas, sino también por la Dirección General de la Competencia. Este organismo ha acordado la admisión a trámite de una denuncia realizada por la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía y ha incoado un expediente sancionador contra el ente público, dependiente de la Junta de Andalucía, por “prácticas restrictivas de la competencia”.
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