La gestión de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) empieza a ser cuestionada. No sólo por los promotores privados de este tipo de instalaciones náuticas, sino también por la Dirección General de la Competencia.Este organismo ha acordado la admisión a trámite de una denuncia interpuesta por la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía y ha incoado un expediente sancionador contra el ente público, dependiente de la Junta, por “prácticas restrictivas de la competencia”.