Las relaciones entre el empresario granadino Carlos Sánchez y el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal destapada en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, vienen de lejos. Un informe policial que consta en las diligencias judiciales que se siguen por el caso Malaya desgrana cómo la empresa CCF2l, propiedad de Sánchez, efectuó diversos pagos en la contabilidad 'B' de Juan Antonio Roca a través de la mercantil SABA Aparcamientos S.A., que, curiosamente, había logrado años atrás la concesión municipal para gestionar los aparcamientos de Puerto Banús, ubicados en el subsuelo de la plaza Antonio Banderas, delante de la entrada al puerto deportivo.

SABA Aparcamientos abona a cambio de esta concesión un canon anual al Ayuntamiento, que según los investigadores «es una mínima expresión respecto a las posibilidades de negocio que un inmueble de estas características brinda, situado en una de las zonas de mayor atractivo turístico de España y quizás de Europa». SABA aportó a la caja de Roca en julio de 2004 la cantidad de 600.000 euros.

Las relaciones de mayor antigúedad entre Sánchez y Roca descubiertas por la Policía se refieren a los apoderamientos otorgados al testaferro de Roca, Oscar Benavente, hombre de confianza de Sánchez, en las empresas Mediterránea de Inmuebles 47 S.A., Roadhouse España SA. y CSH International S.A., según el informe policial que consta en el sumario, y al que ha tenido acceso este periódico. Carlos Sánchez y su socio, el también imputado Andrés Liétor, han sido apoderados de Mediterránea de Inmuebles 47 S.A., sociedad que figura en un listado de 42 entidades vinculadas de alguna forma con Juan Antonio Roca. La lista fue intervenida por la Policía en la sede de la sociedad Maras Asesores S.L., la oficina desde la que Roca controlaba sus diferentes negocios y efectuaba sus pagos y cobros. En el informe policial se recuerda que Mediterránea de Inmuebles aparece referenciada en los informes del Tribunal de Cuentas relativos a los delitos contra el patrimonio municipal investigados en el denominado caso Saqueo. Entre las operaciones desarrolladas por Mediterránea figura una permuta suscrita con la entidad municipal Eventos 2000, y en la cual la primera se comprometía a entregar el hotel Pueblo Andaluz a cambio de una serie de fincas pertenecientes al Ayuntamiento.

En la operación, Mediterránea estuvo representada por el testaferro de Roca, Oscar Benavente, y en documentos intervenidos con posterioridad por la Policía, figura como representada por el socio de Carlos Sánchez, Andrés Liétor. A juicio de los investigadores policiales, las relaciones de Mediterránea de Inmuebles con las sociedades municipales de Marbella sirvieron «para detraer patrimonio de titularidad municipal y situarlo bajo el velo de esta mercantil». Este patrimonio habría acabado en mercantiles de Carlos Sánchez y Juan Antonio Roca.