La Empresa Pública de Puertos de Andalucfa (EPPA) no podrá continuar al menos de momento, con la demolición de las edificaciones existentes en una finca de El Terrón —en Lepe—, propiedad de la empresa Capial XXl, que inició hace unas semanas. Y es que el magistrado de un juzgado de primera instancia de Huelva ha revalidado lo ya ordenado por otro tribunal onubense: la paralización de las obras de derribo como medida cautelar, solicitada por el representante legal de la sociedad.

La maquinaria judicial impone sus condiciones y en el auto, se especifica que «parecen existir dudas no sólo sobre la exacta delimitación o ubicación física de la finca 3.981 del Registro de la Propiedad de Ayamonte—objeto de la actuación de la EPPA—, adquirida por Capial XXI; sino también acerca de cuál sería la porción de la misma afectada por los deslindes del espacio público realizados». «Así como sobre en qué espacio se ubican las naves —se añade en el texto— y si, en caso de afectarles el deslinde, pudiera el titular ejercitar las acciones civiles correspondientes conforme a la disposición transitoria primera y siguientes de la Ley de Costas»...