El concurso para optar a la ampliación para dársena deportiva del puerto de Carboneras quedó desierto; llegó el día 27 de diciembre de 2011 sin que NADIE MOSTRARA EL MENO INTERÉS EN ARRIESGAR SU DINERO en tal proyecto. Las empresas que invierten, generan riqueza, pagan impuesto y crean puestos de trabajo han dado la espalda a este proyecto tan necesario para Carboneras a pesar de que el lugar es inmejorable, el entorno de la costa es paradisiaco, la demanda existe:
¿Por qué no se ha presentado ninguna oferta?
La respuesta es evidente: para acometer un proyecto que requiere invertir decenas de millones de euros, es necesario que la Administración provea de las condiciones adecuadas para ello, siendo el primer y más imprescindible requisito la existencia de SEGURIDAD JURIDICA , el convencimiento de que la Consejería de Obras Públicas va a respetar la legalidad y lo pactado. Si la actuación de la Administración genera inseguridad jurídica, nadie invertirá en nuestro sector, pues el empresario está dispuesto a asumir el riesgo financiero y comercial, pero no la incertidumbre de un poder público que no actúe con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Ante el anuncio de la licitación para optar a construir para Andalucía un puerto deportivo en Carboneras a cambio de explotarlo durante 40 años (pagando además un canon), lo primero que hicieron los interesados fue indagar en la realidad andaluza la actitud que ha tenido y tiene la Consejería de Obras Públicas y su Agencia de Puertos con el sector.
El resultado de la comprobación ahuyentó a todos los inversores potenciales pues supieron de una Consejería y su Agencia de Puertos que no han respetado lo pactado en ningún contrato concesional en los dos elementos básicos que deciden una inversión portuaria: el plazo de duración y el canon a pagar a la Agencia de Puertos.
Para los potenciales interesados ha resultado inexplicable e inadmisible comprobar que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía anunciara que iba a apoderarse sin indemnización de todos los puertos deportivos antes del vencimiento del plazo pactado en cada contrato concesional (propósito que frustró la propia Consejería de Obras Públicas recabando dictamen al Gabinete Jurídico de la Junta) Desde luego, la conducta de APPA no es el mejor reclamo para infundir confianza y atraer la inversión creadora de empleo y riqueza.
Igual de grave, inadmisible e inexplicable para quienes mostraron algún interés en invertir en el sector competencia de APPA, fue el conocimiento de la otra agresión perpetrada por la Consejería de Obras Públicas (aún no resuelta) consistente en imponer modificaciones sustanciales de los contratos concesionales en capítulo tan importante como es en el de la forma de calcular y revisar el canon concesional, lo que se ha hecho en fraude de ley, llamándolas eufemísticamente “revisiones de canon” para evitar la aplicación de la legalidad, evitar controles legales comenzando por no solicitar informe del Consejo Consultivo de Andalucía, sin alegar que exista interés público que lo ampare, rompiendo el equilibrio económico financiero de las concesiones …, todo ello para aumentar la recaudación. Se ha multiplicado por veinticinco el importe de cánones de puertos almerienses desde el año 2006 como consecuencia de las modificaciones concesionales impuestas.
Ante la inexistencia de este primer e imprescindible requisito por no contar con un clima de seguridad jurídica, huelga detenerse en el PCAP confeccionado por APPA para Carboneras plagado de facultades discrecionales que dificultan extraordinariamente el control jurisdiccional. No obstante ello no me resisto a citar un dato que refuerza la teoría de que el fracaso del concurso para realizar un puerto deportivo en Carboneras sólo es mérito de la Administración convocante: APPA confeccionó un estudio de viabilidad sin tener en cuenta la realidad socioeconómica del lugar, absolutamente irreal, que sólo pretendía justificar una elevada recaudación, de lo que es ejemplo el texto que copio literalmente: “Varadero: En este estudio de viabilidad se ha considerado que el concesionario otorga a un tercero su gestión, con una contraprestación para el concesionario de 400.000 euros anuales.” Todo el sector sabe que es imposible obtener esa cifra de la cesión de una zona de servicio. Para obtener los ingresos que recoge el estudio de viabilidad confeccionado por APPA harían falta unos precios a pagar por los usuarios, tan elevados que alejarían de Carboneras todo navegante o usuario. Ni siquiera el más exclusivo y adinerado navegante utilizaría el puerto de Carboneras, ni ningún otro de nuestra costa, pagando los precios que exige el estudio de viabilidad. El ”papel” lo aguata todo. El mercado no.
El concurso de Carboneras ha quedado desierto porque el empresario percibe que la Consejería de OO.PP y la APPA no actúan dentro de la legalidad y al servicio del interés público; detecta un proceder plagado de ocurrencias de dudosa legalidad y de medidas abiertamente contrarias a la ley, con el único objetivo de aumentar la recaudación. Los efectos colaterales de todo ello son la destrucción de la empresa y del empleo, la caída de la demanda...y, por supuesto, que nadie se haya interesado por invertir en el nuevo puerto deportivo que Carboneras demanda.
Manuel García Páez, miembro de la Comisión Delegada de Marinas de Andalucía