La misma regla por la que se quiere eliminar el concepto de campo de golf como jardín o excusa para la construcción de una urbanización es la que se pretende ahora aplicar a los puertos deportivos. Modelos como Banús o Sotogrande, en los que los atraques de yates y veleros son la puerta de entrada a la vivienda, ya no tienen cabida en la inminente Ley de Puertos que se aprobará a principios de diciembre. Pero tampoco la tendrán los hoteles. Pese a tratarse de instalaciones de marcada naturaleza turísrica, en una de las 36 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la futura norma se recoge que los usos hoteleros tendrán «carácter excepcional". Y tan es así que se establece que el único órgano capacitado para su autorización será el Consejo de Gobierno.

La modificación planteada, como explica la parlamentaria socialista y vocal de la Comisión, Raquel Arenal, se sustenta en la nueva concepción de ordenación del territorio y protección del litoral que preconiza el Gobierno andaluz, y más aún, cuando son espacios de dominio público marítimo-terrestre. De ahí que para la construcción de cualquier establecimiento se vayan a requerir informes más que contundentes que acrediten la verdadera necesidad de ocupar superficie portuaria.

Con esta limitación, el PSOE quiere anticiparse así a las expectativas que pudiera generar el plan de duplicación de atraques que proyecta para 2015 la Consejeria de Obras Públicas —de los 13.500 actuales a 25.000—, y que comprende tanto la construcción de nuevos puertos como la ampliación de los ya existentes, y en los que podría intervenirla iniciativa privada.

El presidente de la asociación Marinas de Andalucía —engloba a 14 de los 18 puertos privados—, José Carlos Martin, enmarca esta enmienda en el «espíritu restrictivo" que ya tiene la futura ley. Aún así, asegura que no es lo que más les preocupa, ya que los hoteles siempre pueden situarse más lejos tierra adentro, pero sí se muestran inquietos en lo que concierne a los usos terciarios; es decir: comercios, locales de ocio u oficinas. Martín considera que desde la Junta se quiere plantear los puertos como "planchas para barcos", y que por eso se muestra como una administración "intervencionista", ya que se arroja la concesión o denegación de «todos los permisos". Un "error" que suma a una larga lista, como la potestad de la Junta de fijar los precios máximos de los atraques, sancionar o entender "la gestión del agua igual que el suelo", apostilla.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) mostró ayer su preocupación por el efecto que la "amenaza regulatoria" del Gobierno andaluz en materia medioambiental y de ordenación del territorio deparará en la actividad productiva. Y más aún, por el método seguido en su aplicación de "prueba y error" que, como señaló en su comparecencia en el Parlamento para valorar los Presupuestos de 2008 el portavoz económico de la CEA, Manuel Ángel Martin, acarreará "costes polfticos y económicos". Para probar su teoría, Martin se valió del sector industrial como ejemplo, y consideró que en vez de "acosarle" con ecotasas debería ayudársele en la adopción de medidas correctoras. "Si no, habrá empresas que no vengan a instalarse; de hecho, en Extremadura se han instalado una refinería y una industria siderúrgica que son imposibles en Andalucía".

Por otra parte, la disposición adicional primera de la futura Ley de Puertos, que establecía que las concesiones de los puertos deportivos prescribirían en 2018 y que tan de cabeza traía a sus gestores, al ver una amenaza para las inversiones y el empleo, ha sido eliminada. La parlamentaria del PSOE, Raquel Arenal, admite que este cambio se debe a una voluntad por corregir un error inicial, que se ha compensado, además, con otra medida: una enmienda de adición por la que, una vez transcurridos dos tercios del tiempo de la concesión, se puede solicitar su adjudicación de nuevo, con la posibilidad de ejercer "derecho de tanteo"en caso de que la Administración renuncie y se saque finalmente a concurso. El presidente de Marinas de Andalucía reconoce la "sensibilidad" del PSOE para con su principal reivindicación, que no era más que eliminar los que consideraba era "una incautación de bienes"...