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Marinas de Andalucía en el Especial sobre la Ley de Puertos de EL PAÍS

La nueva Ley del Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía que se ultima en estos días en la comisión parlamentaria ha sembrado la discordia entre la Consejería de Obras Públicas, de la que actualmente dependen los puertos andaluces tanto públicos como privados, y los concesionarios de estos últimos, que denuncian que la futura norma hará peligrar sus intereses porque ahuyentará a los inversores, generará inseguridad jurídica y pondrá en peligro la estabilidad laboral de más de 8.000 personas vinculadas al sector.

José Carlos Martín, presidente de la Asociación Marinas de Andalucía, que reúne a 14 de los 18 puertos deportivos de gestión privada de la comunidad, asegura que esta norma es dañina para el sector. "Lo es desde su disposición primera, en la que se fija retirarnos las concesiones en 2018 directamente, cuando muchas duran 20, 30 ó 40 años. Y lo hacen sin ningún fundamento jurídico, aplicando lo recogido en la Ley de Costas a sabiendas de que esta ley no es aplicable en los puertos ya que estos no son infraestructuras de dominio marítimo-terrestre. No somos un chiringuito y nos quieren meter esta ley con calzador", indica Martín.

El presidente de la Asociación Marinas de Andalucía alerta de las repercusiones que esta medida tendría para el sector público: "Deberán pagar indemnizaciones de miles de millones de euros ya que este recorte de las concesiones no sólo afecta a los concesionarios, sino a los usuarios de un amarre, a los propietarios de locales comerciales o de viviendas. Unas 40.000 personas se pueden ver afectadas. Parecen perseguir que todos los puertos deportivos sean públicos, cuando es sabido que los que gestiona la EPPA son todos deficitarios", señala el presidente de Marinas de Andalucía. Martín insta a la Obras Públicas a consensuar estos aspectos de la ley con todos los sectores y denuncia que con la actual redacción "jamás se podrá llegar a duplicar los atraques a 30.000 puestos", dado que, asegura, "la ley olvida a la iniciativa privada y pone trabas a las ampliaciones o nuevas construcciones por encima de las obligatorias recogidas en la legislación medioambiental".

Por último, Martín, que insiste en que su sector respeta la legislación medioambiental, aboga porque una vez que los puertos estén en explotación pasen a depender de la Consejería de Turismo ya que, dice, "un puerto es un elemento dinamizador del turismo ya que sus relaciones de explotación son de carácter turístico"...

NOTA: Estas declaraciones de José Carlos Martín, como presidente de la Asociación, tienen una antigüedad de 15 días.

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