Sin ánimos de polemizar con el innominado Portavoz de la Consejería de Fomento, sí debemos de aclarar ante la opinión pública la falta de veracidad de algunas de sus expresiones, que damos como ciertas al estar entrecomilladas, según publica el Diario de Cádiz el pasado nueve de noviembre.

Ante su aseveración de que los puertos de Marinas de Andalucía no pagan ningún canon, debe el Sr. Portavoz informarse de que desde 2006 hasta la fecha los cánones abonados y/o avalados por los puertos de Marinas de Andalucía superan los 20 millones de euros. El hecho de que algunos estén avalados y no desembolsados obedece a que los consideramos ilegales, abusivos y confiscatorios y serán los Tribunales los que determinen su procedencia.

Debería también el Portavoz informarse de que las Tasas son tributos cuyo fin es recaudar el coste del servicio que se presta al ciudadano y de ahí nace lo que calificamos de” indecencia” en la acepción de “hecho vituperable o vergonzoso” (diccionario de la RAE 22ª edición).

Y el hecho no es otro que, en enero del presente año, en aplicación del decreto 368/2011 suben las Tasas a las embarcaciones deportivas y de recreo y en noviembre proponen bajarlas (será el Parlamento quien lo decida) sin que hayan disminuido los costes de los elementos que integran la prestación del servicio. Las alternativas son evidentes: o la Consejería no supo calcular el coste del servicio e importe de la tasa en el mes de enero, o faltó a la verdad entonces o lo hace ahora. En cualquiera de los casos nos merecemos una Administración mejor.

Aún es más lamentable que el Sr. Portavoz manifieste que “con el dinero que nos da la náutica de recreo mantenemos tanto a la pesca que está en Rota como en Chipiona, Barbate o Conil. Gracias a ello se puede mantener eso (sic) socialmente porque la pesca es (sic) un sector que necesita del esfuerzo del resto de ciudadanos”. La afirmación copiada es inaceptable por falsa: el Portavoz falta a la verdad, primero porque la Consejería está sujeta al principio de legalidad y el dinero de las Tasas a embarcaciones deportivas (como tributo que es) no está tipificado para ayudar a la pesca y segundo, que con el dinero excedente de las tasas a embarcaciones deportivas (si lo hubiera) no tendrían ni para subvencionar el agua de las fábricas de hielo.

Si la Consejería quiere ayudar a la pesca tendrían que subir la T-4.-Tasa a la pesca fresca, que para eso existe, aunque es discutible que la Consejería de Fomento y Vivienda pretenda que se le considere lideresa en la defensa del sector extractivo en perjuicio de la consejería competente, malgastando recursos públicos.

A la gratuita e inveraz afirmación de que la iniciativa privada no entiende ese “esfuerzo en ayuda del sector pesquero”, la respuesta no es otra que reiterar que apoyamos siempre todo esfuerzo de ayuda a la “iniciativa privada” del sector pesquero y a cualquier otro sector empresarial: detrás de cada barco hay un armador (empresario) que arriesga, invierte, contrata trabajadores y se expone al mercado. Las empresas pesqueras, como el 98% de las andaluzas, son pequeñas empresas privadas, ya que a día de hoy, que nosotros sepamos, no hay flota de pesca de la Junta de Andalucía (afortunadamente).

Y por último, Sr. Portavoz, ¿qué tiene que ver el dominio público (de interés general) con el aprovechamiento privativo del dominio público (de interés de unos pocos usuarios)? En los usos privativos sí que deberían de regir las reglas del mercado (lo que cuesta el servicio) y no lo decimos nosotros lo dicen las leyes que democráticamente nos hemos dado.

Puede que en la cultura del poder sea “desfachatez” llamar a las cosas por su nombre, pero estamos convencidos de que la verdad se acaba imponiendo y que los ciudadanos tenemos derecho a la crítica y a que nuestra administración se esfuerce por hacer las cosas mejor.