El Diario de Almería publicó el pasado domingo día 15 una noticia que recoge las declaraciones de Manuel García Páez, abogado y miembro de la Comisión Delegada de Marinas de Andalucía. En ellas, García Páez habla de la actual política portuaria de la Junta de Andalucía.

“La inversión privada en infraestructuras portuarias deportivas es cada día más complicada, a tenor por las opiniones que emanan del propio empresariado dedicado a esta actividad. Un buen ejemplo de ello es el reciente concurso para la ampliación de la dársena deportiva del Puerto de Carboneras, cuyo concurso ha quedado desierto debido a la falta de seguridad jurídica.

Así lo expone Manuel García Páez, abogado especializado en asesoramiento a concesionarios de puertos deportivos, que critica la política portuaria de la Junta de Andalucía "en los veinte años transcurridos desde la Ley 3/1991 de Presupuestos de Andalucía cuando se creó la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA)"(...)

En cuanto al canon a pagar a la Junta, “a pesar de estar pactado y firmado en cada contrato de concesión, tanto la forma de calcularlo como la de revisarlo, la Consejería de Obras Públicas está imponiendo modificaciones en las concesiones al margen de la ley, para aumentar cánones de forma exorbitante, sin alegar que exista interés público que lo justifique y sin mediar indemnización o contraprestación al atropellado concesionario. Se ha multiplicado por 25 el importe de cánones de puertos almerienses desde 2006 como consecuencia de las modificaciones impuestas por la Consejería de Obras Públicas”, apunta.…”.