El diario ABC publica, en sus ediciones nacionales y regionales, una noticia sobre la situación de los puertos deportivos privados en relación a la Ley de Puertos, información recogida de la entrevista realizada al presidente de la Asociación, José Carlos Martín Sánchez.

Representantes de la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía (Marinas de Andalucía), organización que controla el 56% de los 13.530 atraques que existen en la comunidad autónoma, se reunirán la próxima semana con responsables del grupo parlamentario del PP, a los que pedirán apoyo para frenar la nueva ley autonómica que regulará los puertos. La asociación ya se ha reunido con el PSOE y piensa hacerlo con IU-CA y PA.

El presidente de Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, explicó que, aunque el nuevo texto legal redactado por la Consejería de Obras Públicas ha recogido algunas de las peticiones del sector privado, los aspectos más controvertidos siguen en pie. La nueva Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía (abarca los pesqueros, los deportivos y el industrial de Carboneras en Almería) ha superado ya el dictamen del CES. Los empresarios de puertos deportivos reclaman una regulación específica para este sector que consideran más vinculado al turismo que a la obra pública. Piden que la futura Agencia del Sistema Portuario de Andalucía, que la Junta pretende crear con la nueva ley, asuma las competencias de tutela y sea la nueva autoridad portuaria autonómica.

De esta forma, los concesionarios de los puertos privados quieren que la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), dependiente de Obras Públicas, se limite a la explotación de los 12 puertos de titularidad pública como viene haciendo, y no intervenga en el resto del sector para que no incurra en competencia desleal, como, aseguran, ocurre ahora. De hecho, Marinas de Andalucía ha demandado a la EPPA ante Defensa de la Competencia por rebajar las tarifas de los puertos públicos un 30%, «pese a no cubrir costes», mientras impone «cánones altísimos» a los privados. «No puede ser que sea juez y parte».

Para las empresas concesionarias de puertos deportivos privados «lo más grave» de la nueva ley reguladora del sector es la disposición transitoria primera, que establece que todas las concesiones que se hayan otorgado antes de que entre en vigor la ley finalicen en el año 2018. Incluso las empresas con concesiones del Estado por 50, 75 y hasta 99 años, como es el caso de Puerto Banús, perderán los derechos en once años. La indemnizaciáan compensatoria prevista «es ridícula», aseguran.