El recorte legal de la concesión de Puerto Portals provocará que los recientes propietarios de amarres pierdan de golpe hasta el 50% del valor de los mismos. Todos aquellos que adquirieron sus puntos de atraque antes de estallar el escándalo derivado del pleito entre El Pocero y los dueños del selecto puerto deportivo, los miembros de la familia Graf, pagaron convencidos de que podrían hacer uso de sus puntos de atraque hasta el año 2031. Y, por lo tanto, desembolsaron un precio acorde con el plazo durante el cual iban a disfrutar de su adquisición.

En lo que no repararon ni los nuevos titulares, ni los notarios, ni los propios Graf, pero tampoco los registradores de la Propiedad es en el efecto legal que ocasiona sobre Puerto Portals tanto la Ley de Costas de 1988 como la de Puertos de Baleares de 2005. Ambas normativas, tanto la estatal como la autonómica, recortan el periodo de la concesión 13 años y fijan el límite en 2018. De hecho, este extremo lo admite ya hasta la saga germana que explota el puerto en sus últimas cuentas anuales presentadas ante el Registro Mercantil.

Los amarres que suelen ser objeto habitual de compraventa son los que oscilan entre 8 y 12 metros de eslora. Son los más pequeños y los que cambian de manos con mayor frecuencia. En 2005 el mercado fijaba unos precios aproximados de 48.000 euros para los atraques de 8 metros; de 120.000 para los de 10; y de 240.000 para los de barcos de 12 metros.

En este sentido, el comprador de un atraque de 8 metros pagaba, sin saberlo, casi 24.000 euros de más. Los correspondientes a los años que según la ley no va a poder emplear su punto de atraque. La proporción aumenta conforme lo hacen las dimensiones de los atraques. Siguiendo los valores del año 2005 los de 15 metros de eslora ascendían ya a 480.000 euros y los de 18 metros alcanzaban un precio de mercado de hasta un millón de euros. Todos los afectados, empezando por los tenedores de la concesión de Puerto Portals, coinciden en que las normativas que estipulan los recorten son expropiatorias y que deben ser indemnizados.

Es aquí donde surgen opiniones enfrentadas. En primer lugar la de quienes, como la propia Administración balear, argumentan que la ley está para cumplirla y que, como precisó el Govern del PP, la concesión acaba en 2018. Sin que medie otra salida posible. A partir de aquí la misma Administración ofrece a los puertos deportivos afectados una salida basándose en la referida Ley de Puertos de 2005 que pasa por el otorgamiento de una nueva concesión. Este nuevo título quedaría a expensas de una negociación entre los Graf y el Govern. De otro lado, ya hay quienes aseveran que el recorte no afecta a Portals aferrándose a un supuesto resquicio legal que permitiría al puerto deportivo eludir la ley.