Todos los diarios del grupo Joly recogen en la primera página de la sección de Andalucía las reivindicaciones de la Asociación, bajo las palabras de su presidente–José Carlos Martín–, sobre la Ley de Puertos. Adjuntamos tres recortes de prensa al ser la información idéntica en cada una de las publicaciones.

Un punto de atraque en propiedad en el puerto marbellí de Puerto Banús cuesta unos 391.000 euros. En Sotogrande (Cádiz), 164.000 euros. En el extremo opuesto, Almerimar (Almería), donde amarrar a puerto suponen 50.000 euros. Pero aún salvando las diferencias, en unos y otros el turismo portuario es de alto nivel, incluso, de lujo. Y eso genera pingües beneficios más en tierra que en la lámina de agua. De ahí que el nuevo régimen jurídico y económico de los puertos que estos días se discute en el Parlamento y que lleva apareado un mayor control de la Junta tenga en pie de guerra a los concesionarios de los puertos deportivos de Andalucía.

Temen que esta ley en apanencia “técnica e inocua” pueda acarrearles graves perjuicios. Y no sólo ante una hipotética pérdida de la gestión por el recorte del horizonte temporal de las concesiones, establecido para 2018, sino por la inseguridad jurídica que generaría y que ahuyentaría a los inversores. A esto añaden su “honda preocupación” por los 500 empleos directos y los 7.980 indirectos que, según ellos, peligrarían, a los que suman otros 40.000 afectados, muchos, titulares de atraques.

De ahí que, pese a estar aún abierta la vía de las enmiendas, puedan corregir el texto para colmar sus pretensiones y lancen la advertencia de que si en diciembre sale adelante la norma tal y como está ahora, no dudarán en buscar los mecanismos para llegar hasta el Tribunal Constitucional.

El presidente de la Asociación de Puertos Deportivos Marinas de Andalucía —reúne a 14 de los 18 puertos de gestión privada existentes en la comunidad—. José Carlos Martín, asegura que la “inconstitucionalidad” de la futura ley radica en la pretensión de retrotraer en diez años el vencimiento de las concesiones, amparándose en la Ley de Costas de 1988 que, como sostiene, “no se puede aplicar a los puertos deportivos”.

Sin embargo, en el proyecto de ley del Gobierno andaluz, que ya ha pasado por el Consejo Consultivo, no se advierte tal extremo: los puertos son de dominio público marítimo-terrestre, por tanto, aunque la gestión es privada, la titulanidad es pública. De ahí que la Consejería de Obras Públicas, que hoy por hoy ostenta esta competencia, pueda controlar el tiempo de la concesión y lo que en ésta se haga.

Estos son los aspectos que más inquietan a los concesionarios, sobre todo, cuando ven que pueden estar a merced de una administración que “no es modélica” en la gestión de los puertos. Así. Martín señala que la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA)– dependiente de Obras Públicas y será una futura agencia pública— pierde una media de 8 y 9 millones anuales en sus once puertos...