La Asociación en la Prensa

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El PP solicita la retirada de la Ley de Puertos por ir contra la Constitución

El Partido Popular ha registrado en el Parlamento andaluz una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno de la Junta al proyecto de Ley del Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía por considerar que su contenido plantea una «dudosa constitucionalidad» y se basa en un «absoluto intervencionismo» de la administración autonómica.

En la iniciativa, el PP critica que el proyecto de Ley «tiende, como ya acostumbra el Gobierno socialista, a un absoluto intervencionismo, a la confiscación, a una incomprensible negación de la economía de mercado y a una competencia desleal impropia desde el poder ejecutivo», algo que atribuye a su «marcado carácter endogámico porque no han tenido cabida las partes implicadas».

Según los populares, el texto elaborado por la Junta incluye «determinados aspectos que presentan una dudosa constitucionalidad», entre los que cita la actuación «arbitraria e injustificada» que supone «regular plazos distintos en cuanto a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por obra portuaria, estableciendo en su disposición transitoria primera un periodo máximo de 30 años, en correspondencia con lo establecido en la normativa estatal básica de costas, mientras que permite que las nuevas concesiones de obra pública portuaria puedan otorgarse hasta por 60 años».

El PP también critica que la nueva regulación normativa «favorece en exclusiva el principio de intervención administrativa, sin añadir seguridad al administrado», de forma que «arrincona a la iniciativa privada como fuente de generación de riqueza, primando a la Agencia del Sistema Portuario Andaluz, sustitutiva de la actual Empresa Pública Puertos de Andalucía (EPPA), como explotadora de estas instalaciones náutico-deportivas en una situación de privilegio frente a las normas de libre competencia que consagra nuestro ordenamiento jurídico».

En la misma línea, el Grupo Popular defiende que «la deseable competencia de los mercados aconseja evitar situaciones de restricción en los puertos, que se observan tanto en el sistema de tarifas propuesto como en la regulación de las actividades a desarrollar en la prestación de servicios de puertos».

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