Los diarios de El Mundo y La Razón, en sus ediciones regionales, recogen las declaraciones de José Carlos Martín Sánchez, como presidente de Marinas de Andalucía en relación a las discrepancias, que han saltado a los medios de comunicación, surgidas entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía con motivo de posibles inconstitucionalidades de la Ley de Puertos andaluza. Ofrecemos resumen del recorte de prensa.

El Gobierno ha comunicado a la Junta de Andalucía las «discrepancias» que mantiene en relación con la constitucionalidad de seis artículos de la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de diciembre. El Ejecutivo central trasladó a la Junta esta posición el pasado 11 de marzo durante una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se acordó «iniciar negociaciones para resolver» dichas dichas discrepancias.

La Asociación de Puertos Deportivos ‘Marinas de Andalucía’ ha expresado su «sorpresa» por esta circunstancia y lamenta que «persista la inseguridad jurídica» en torno al sector. El presidente de la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía (Marinas de Andalucía), José Carlos Martín, se muestra «sorprendido» por el hecho de que uno de los artículos referidos por el Gobierno central hace referencia a las competencias en torno a los puertos puertos de interés general «y viene derivado de uno de los artículos del Estatuto andaluz». «Nos sorprende que no recurrieran el Estatuto andaluz y se aborde ahora recurrir un artículo de la nueva Ley de Puertos que tiene su antecedente en el Estatuto andaluz», agregó, José Carlos Martín.

Martín añade que las referencias al uso hotelero de los recintos portuarios «no es un tema constitucional, en todo caso habría una referencia a los usos habitacionales de la Ley de Costas». «El único punto que podría ser conflictivo se centra en lo referente a los puertos de interés general, en el resto de puntos no veo conflictividad», agrega el portavoz de los puertos privados, que precisa que en lo referente a las prórrogas de las concesiones «tampoco vemos conflicto ni problemas de competencias con la Administración central»...