Tal iniciativa se acomete con la satisfacción del gobierno municipal socialista, reciente perdedor de las elecciones municipales. En definitiva, creo que en esa obra priman los intereses económicos de la EPPA sobre los municipales, que quedan relegados.

Para evitar semejante atropello he removido Roma con Santiago, pero todo ha sido en vano. A su debido tiempo (años 2004 y 2005) me dirigí a la ministra de Medio Ambiente, consejeras de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a la gerente de la EPPA, así como al Defensor del Pueblo y al del Pueblo Andaluz, sin que haya podido conseguir nada.

Creo que mis argumentos, con la mira puesta en armonizar los intereses de la empresa andaluza con los garrucheros, eran (y son) razonables, bastante sólidos. Dignos de atención como me dice el Defensor del Pueblo, señor Múgica, en su escrito de 19.IV.2005. En el que añade: “... insistimos, sus razonamientos parecen tan serios, concretos, atinados y correctamente formulados, que la EPPA habrá de saber responder a ellos con equivalente seriedad y buen tino.”

Pero doña Montserrat Badía, gerente de la EPPA, defiende la ampliación con argumentos mercantiles, diciendo en su informe que la consecución de los objetivos portuarios y del desarrollo de Garrucha “... significan necesariamente unos costes ambientales que en este caso se concentran en la pérdida de el Playazo, su única playa natural...".