La actuación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) el día 19 no es sino un episodio más en una historia que se repite. Como consta en el documento con el que se solicitó al juzgado la adopción de medidas cautelares, «esta empresa viene, a través de una larga lista de actuaciones administrativas, perturbando la posesión que sobre la finca, mantiene el que fuera su anterior titular, José Antonio Oria quien se reservó la posesión al venderla ».

Una serie de secuelas que se pueden seguir a través de diferentes recursos interpuestos por la vía conteciosa-administrativa. Y es que, según sostiene el titular registral de la parcela, detrás del «expolio» de esta propiedad, «existe una trama de intereses económicos». «Estamos hablando, añade, de unos terrenos que pueden valer más de 120 millones de euros, que es mucho dinero». Al margen de las cifras, los afectados por esta demolición quieren dejar claro que «a día de hoy, la EPPA no puede decir que se trata de instalaciones portuarias cuando nunca lo han sido». De hecho, afirman que «ya en su día quisieron hacer una anotación en el Registro de la Propiedad en esta finca y no pudieron»...