El día uno de junio de 2004, con informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda de la que era titular D. José A. Griñán, así como del Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía formado en el mes de abril del mismo 2004 bajo la presidencia de D. Manuel Chaves, aprobó el Decreto 371/2004 por el que se regulan los cánones de las concesiones en puertos e instalaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía a propuesta de doña Concepción Gutiérrez, Consejera de Obras Públicas y Transportes. Formaban parte de este gobierno y del gobierno anterior (2000-2004), además, doña Magdalena Álvarez, don Paulino Plata, don Francisco Vallejo Serrano, doña Fuensanta Coves y don Isaías Pérez Saldaña, entre otros, a los que se les supone que algún interés o curiosidad pondrían en los asuntos que se sometían a su consideración en las sesiones de los consejos de gobierno, dada su condición de consejeras y consejeros.

Como quiera que doña Concepción Gutiérrez del Castillo ya había disfrutado del cargo de consejera de Obras Públicas y Transportes en el anterior gobierno (2000-2004), su grupo de colaboradores y el plan estratégico de acoso y derribo a los puertos deportivos, del que fue codiciado fruto el citado decreto 371/2004, estaba planificado desde tiempo atrás. De otra forma no se puede comprender que un go-bierno nombrado en abril del año 2004 sea capaz de sacar un decreto el 1 de junio. Actuación tan eficaz habría sido incluida en el libro de los records “Guiness” de celeridad y buen gobierno, adjetivos que no se encuentran entre los calificativos aplicables a nuestra Junta de Andalucía.

El hecho de la concepción, gestación y alumbramiento del decreto 371/2004 se encuentra en que, la inicialmente austera Empresa Pública de Puertos de Andalucía en la que moraban una veintena de empleados, fue experimentando una innecesaria hipertrofia, de la que es ejemplo el número de residentes en dicho hábitat que se elevó a unos 300, lo que llevó aparejada la necesidad de un des-medido aumento de fondos para nutrirse y atender el incremento de gastos que generaban. A ello se sumó el que, a causa de reparos suscitados en el Consejo de Gobierno sobre el elevado coste y la falta de utilidad de EPPA, la Consejería de OO.PP. se vio obligada a anunciarle recortes a las transferencias de fondos a la insaciable EPPA.

Ante el estado de necesidad que se vaticinaba, el reducido grupo de "egregios situados" que tenía como hábitat la empresa pública de puertos de Andalucía (en lo sucesivo EPPA y luego APPA), tuvo la ocurrencia de proponer a los superiores jerárquicos que había que invocar la falacia de que "todos los puertos deportivos habían sido construidos y pagados por la Junta de Andalucía y su criatura predilecta: EPPA, incluso antes de la L.O. 6/1981, de 30 de diciembre, del E. A.". Una vez convencidos los jerarcas del dislate de que los concesionarios de Almerimar, Aguadulce, Banus, Duquesa....... etc. ”se beneficiaban de puertos deportivos construidos con el impagable esfuerzo y sacrificio de la Junta de Andalucía”, el Consejo de Gobierno le adjudicó a EPPA la titularidad del importe de la recaudación de los cánones que pagaban los concesionarios de los puertos deportivos, y la repetida élite de egregios se puso a trabajar para conseguir el bien común (común a todos ellos).

La absurda falacia de que todos los puertos del habían sido pagados por la Junta de Andalucía, traía consigo la lógica conclusión de que el canon estipulado en cada contrato concesional tenía naturaleza tributaria (o sea, que cada contrato concesional creaba una tasa diferente) lo cual facilitaba a la cúpula de situados las maniobras necesarias para incrementar exponencialmente su cuantía y solucionar la acuciante necesidad de fondos. Sólo hacía falta una cobertura legal (decretos, órdenes ...) a modo de pretexto para quedarse con los recursos de los concesionarios y así generar los euros necesarios para seguir "situados" y que el Parlamento Andaluz no se preguntara para qué servía la EPPA, que tan cara costaba a los andaluces.

En el año 2004, doña Concepción Gutiérrez nombró gerente de EPPA a doña Montserrat Badía Belmonte, quien se aplicó a dar cumplida cuenta del plan de acoso y derribo de empresas concesionarias de puertos deportivos auspiciado por su consejera, pero en versión corregida, ampliada y puesta al día por ella misma y la egregia élite de “situados jefes” que ven el momento adecuado para satisfacer su ansia de conseguir el bien común y la justicia social acabando con los privilegios de unos depredadores del dominio público: no hace falta indicar que para la cúpula de "situados" dirigentes, el bien común es el suyo particular, el de su casta o linaje; tampoco hay que aclarar que los que impedian la consecución de tan discutible bien común eran los concesionarios de construcción y explotación de los puertos deportivos que con sus recursos propios los habían construido.

Como ya hemos apuntado, el plan consistía en sostener la falacia de que todos los puertos de Andalucía habían sido construidos y pagados por la Junta de Andalucía, tal falsedad permitía considerar los cánones como tasas y como tales tributos podían ser objeto de arbitrarios e injustificables incrementos, con un mínimo pretexto o apoyo legal. Para desarrollar el sofisma se acudió a la ley 6/86, de 5 de mayo, sobre determinación y revisión de tarifas y cánones en puertos e instalaciones portuarias de Andalucía que sólo tenía el pequeño inconveniente de que no era aplicable a los concesionarios anteriores a dicha fecha (por ello no se les había aplicado en los 18 años de existencia), pero tal minucia no les impediría elaborar un decreto de desarrollo de dicha ley que les permitiera modificar, aumentando, los cánones de todos los puertos deportivos (que, insistimos, según ellos, ”habían sido pagados por la Junta de Andalucía”). El decreto mencionado fue el bochornoso reglamento conocido como decreto 371/2004 de 1 de junio.

Doña Montserrat Badía y el elenco de “situados” autores del plan convencieron a la consejera doña Concepción Gutierrez de la infalibilidad del mismo y de la indefensión que causaría a las víctimas de su actuación recaudatoria, así que consiguieron informe favorable para el repugnante decreto del consejero de Economía y Hacienda D. José A. Griñan y la aprobación del Gobierno de Andalucía y su Presidente Chaves. Por supuesto que también obtuvieron el Vº Bº (visto bueno) informe favorable del órgano a cuyos componentes retribuimos por velar por la legalidad de los actos de Gobierno: el Consejo Consultivo de Andalucía.

El decreto del que estamos hablando es el decreto 371/2004 de 1 de junio por el que se regulan los cánones de las concesiones en los puertos e instalaciones portuarias de Andalucía, que ha sido declarado nulo de pleno derecho en su totalidad por el Tribunal Supremo (sentencia de 3/7/2014), tachándolo de ilegal, generador de arbitrariedad y de indefensión. Ese compendio de ilegalidad predemocrática, anticonstitucional e inmoral, es el pretexto legal utilizado por la administración competente en materia de puertos para imponer modificaciones concesionales en la forma de calcular y revisar el canon concesional y para las abusivas, ilegales e inmorales liquidaciones de canon padecidas que han llevado al límite de su existencia a los concesionarios que han construido y, por supuesto, pagado los puertos deportivos a cambio de explotarlos durante el diferente plazo pactado en cada contrato concesional y abonar un precio anual o canon, calculado de forma diferente en cada caso (lo que excluye su naturaleza tributaria).

Además de intentar acabar con los concesionarios de construcción y explotación de puertos deportivos (construidos y pagados por ellos y no por EPPA ni por la Junta de Andalucía) imponiendo cánones desorbitados, los ilustres "situados" abrieron otro frente en el plan de acoso y derribo a los puertos, consistente en proferir el mensaje de que los derechos en los puertos deportivos se acababan en 2018 (con independencia de los años de concesión estipulados en cada título), llegando incluso a intentar que semejante ilegalidad confiscatoria se plasmara en la Ley 21/2007, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía; a pesar de su fracaso la cúpula de "situados" ha creado inseguridad jurídica y económica, con el único fin de arruinar a los concesionarios de puertos deportivos, confiscarlos y que estos pasen al sector público y así aumentar ilegalmente el poder de influencia de alguien en base a las suculentas subvenciones que imaginan (para puertos que son rentables en gestión privada y que hacen que no sea necesario quitarle dinero a los trabajadores de Jaen para subvencionar servicios a yates en la Costa de Huelva).

A pesar del fracaso del intento de la confiscación anticipada en el año 2018 y del colosal fracaso del ilegal decreto 371/2004, la cúpula de situados que fueron los autores de tanta vileza siguen en sus puestos, cobrando del fruto del trabajo del resto de españoles.

Sumamente revelador de la situación de desgobierno que ha favorecido el acoso y los ataques padecidos es que se ha llegado a tener en una legislatura cinco consejeros de Obras Públicas diferentes, doña Concepción Gutiérrez, doña Mar Moreno, don Luis García Garrido, doña Rosa Aguilar y doña Josefina Cruz, y ninguno sería capaz de hablar de la situación de los puertos deportivos de Andalucía más de cinco minutos y con guión previo, y no es por falta de capacidad, es por falta de interés.

Tambien hay que considerar que hemos tenido como gerentes de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, nada menos que a dos ex consejeros, don José Salgueiro Carmona, de Economía y Hacienda, y a don Sergio Moreno Monrové, Consejero de Gobernación y de Turismo, Comercio y Deporte, lo que indica que no es un problema de personas, sino que APPA es ente inane por antonomasia.




Marinas de Andalucía.