Una vez más la errática política llevada a cabo por Medio Ambiente, vuelve a frenar proyectos de importante impacto turístico y económico para las áreas de influencias de los puertos deportivos, como es el caso de la ampliación del Puerto Deportivo de Benalmádena. Las Administraciones deben, de una vez por todas, ser valientes y aceptar: Primero, que estamos muy por debajo de la media de los países desarrollados y de nuestro entorno; segundo, que los puertos deportivos son un, más que demostrado, motor económico de la zona donde están radicados; tercero, y más importante, que el bienestar y nivel económico de los ciudadanos están, muy por encima, de intereses políticos espúreos de minorías escandalosas que saben hacer mucho ruido, y que no saben, en su ignorancia, que es totalmente compatible el desarrollo de puertos deportivos con el escrupuloso respeto al medio ambiente. A continuación exponemos un resumen de lo publicado.

Entre Estepona y Marbella, se alerta de los riesgos existentes para la población y el sector económico, así como de inundaciones en las desembocaduras de los ríos Verde y Guadaiza, en el municipio marbellí. Una advertencia que se extiende al entorno de la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga capital, y a levante del puerto deportivo de Benalmádena. En este tramo del litoral se apuntan como amenazas la ampliación del puerto deportivo de Benalmádena y la construcción de un nuevo puerto deportivo junto a la Terminal de Contenedores de Málaga.

El Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Cristina Narbona, tiene en sus manos desde hace algunas semanas un documento elaborado por una consultora privada en el que se plantea, como medida extrema, la demolición de viviendas y construcciones en la costa de la provincia para restaurar la situación de los suelos más próximos al mar y anticiparse a los efectos que, según todos los estudios, podría tener el cambio climático en el próximo medio siglo.

En concreto, la Estrategia para la sostenibilidad de la Costa, nombre del documento elaborado por encargo del Gobierno central, pone sobre la mesa la necesidad de ejecutar una decena de intervenciones drásticas, con la piqueta como protagonista, para mejorar las condiciones actuales de los 208 kilómetros de costa malagueña. No obstante, desde la Dirección General de Costas se advierte que no todas las medidas puestas sobre la mesa por la consultora contratada se llevarán a cabo. En este sentido, se insiste en que cada uno de los casos debe ser estudiado uno por uno, al tiempo que ha de ser negociado y analizado con las corporaciones locales afectadas y con la Junta de Andalucía...