La polémica actuación llevada a cabo el pasado 12 de marzo por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) ante un expolio sin orden judicial en la localidad de Lepe ha salido a la luz pública este pasado domingo 25 de marzo. La información ha sido portada de los principales medios escritos de la provincia onubense durante los días sucesivos.
El «expolio» de la finca Orihuela de El Terrón, en Lepe, está llamado a protagonizar una intensa batalla que incluye una amenaza de derribo. Según fuentes publicadas en el diario El Mundo de Huelva, antes las acciones legales emprendidas por el titular registral del inmueble, José Antonio Oria, un magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Huelva, ha requerido ya «a la dirección de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) para que a la mayor brevedad posible informe a este juzgado si existe alguna resolución o está prevista alguna actuación de demolición de dichas edificaciones, indicando fecha de la misma». Oria asegura no entender aún por qué unos diez agentes de la Policía Autonómica y otros tantos operarios de la EPPA «han sacado a mi compañera de malos modos a la calle, aprovechando que yo estaba a 12.000 kilómetros, y han asolado mi casa, donde vivo desde hace casi cinco años». Y está decidido a mantener la embestida. Anuncia que hoy, «me voy a desplazar hasta las dependencias del Juzgado de lo Penal de Ayamonte para que el juez, quien ha hecho ya una inspección ocular de la vivienda, me explique por qué se han vulnerado de esta manera mis derechos fundamentales». Insiste en que «estoy empadronado en El Terrón, en esa finca, y espero que se me devuelvan mis bienes y que aparezca todo, detalle por detalle, incluido por supuesto mi dinero». Y es que asevera que «en el registro, por llamarlo de alguna manera, se han apropiado de 120.000 euros»...