Esto es una crónica anunciada. Desde la Asociación Marinas de Andalucía se viene advirtiendo desde hace años que la Junta de Andalucía estaba pretendiendo cobrar unas tasas ilegales. Así lo dijo la sentencia emitida en el año 2014 por el Tribunal Supremo, que anulaba el decreto 371/2004 y así lo dice ahora la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula un posterior decreto, el 368/2011, a instancias del recurso presentado por el puerto de Fuengirola, asociado a Marinas de Andalucía y efectiva para todas las tasas cobradas por la Junta de Andalucía por servicios portuarios durante 2013 y 2014.
Esto supone, que sólo a los puertos asociados a Marinas de Andalucía, la cifra supera los 5 millones de euros, cantidad a la que habría que sumarle casi 20 millones de euros de los ejercicios 2013 y 2014 de los puertos que gestiona directamente la propia APPA.
Pero la negligencia no queda aquí. Basándose en los mismos criterios que ahora vuelve a dirimir el TSJA, la Asociación Marinas de Andalucía también está reclamando la anulación de las tasas portuarias emitidas en los años 2015, 2016 y el recién finalizado 2017. Más de 9 millones de euros para los puertos de gestión indirecta asociados y más de 30 millones de euros de los enclaves de la propia Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Es decir, la Junta de Andalucía podría verse obligada a devolver más de 60 millones de euros por tasas portuarias cobradas irregularmente desde 2013 hasta 2017 incluido.
Para el presidente de la Asociación Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, esto es un hecho sin precedentes que denota claramente la inoperancia y el interés recaudatorio que siempre ha perseguido la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. “Esta sentencias suponen que todos los que han pagado cualquier tipo de tasas portuarias tienen su derecho legítimo a solicitar la devolución”, señala. Así lo venían advirtiendo desde Marinas Andalucía desde hace años.
“Parece que existiera una animadversión total hacia los puertos deportivos que se gestionan indirectamente, como es el caso de los puertos asociados a Marinas de Andalucía. Lo único que recibimos por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía es un afán recaudatorio que incluso se basa en decretos irregulares aprovechándose de la lentitud de la justicia “. Martín reitera: “Sólo pedimos un principio de legalidad. Nada más. La Junta no puede seguir actuando desde la arbitrariedad y el interés recaudatorio“.
“Entre los 16 puertos deportivos asociados a Marinas de Andalucía y la Junta hay interpuestos casi un millar de recursos judiciales. Esto es una situación que no se puede mantener, sobre todo porque, a pesar del tiempo transcurrido, la justicia nos acaba dando la razón y lamentablemente supone un daño para todos los andaluces que tendrán que ver cómo su administración regional se ve obligada por sentencias judiciales a devolver dinero”, apostilla José Carlos Martín.
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