La inversión ajena en el Puerto de Huelva durante el periodo 2002-2006 ascendió a 221 millones de euros, una cifra que lo mantiene en los primeros lugares dentro del Sistema Portuario Español en este tipo de inversiones y reafirma la tendencia creciente que se inició con la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 1992. Se entiende por inversión ajena la realizada por empresas privadas y organismos y administraciones públicas distintas a la propia Autoridad Portuaria. En un estudio llevado a cabo por el Ente Público Puertos del Estado en el periodo 1980-2001, el Puerto de Huelva, con una inversión ajena de 219 millones de euros, ocupaba el segundo lugar dentro del Sistema Portuario Español, superado únicamente por el Puerto de Barcelona, que tuvo una inversión de 622 millones. Estos datos son importantes porque en un contexto de fuerte restricción del gasto público, la industria portuaria ha visto limitado su acceso a la financiación pública, como es la práctica habitual. Esto ha conducido a buscar formas de participación privada en el desarrollo de los puertos y a modificar el marco legal para permitir que empresas privadas puedan participar en la modernización portuaria.

Existen distintas alternativas para la financiación privada de las infraestructuras portuarias. La forma más habitual que se está siguiendo a escala mundial, según indicaron desde el Puerto de Huelva, es el uso de contratos de concesión. Mediante estos acuerdos, las autoridades portuarias (que se mantienen dentro del sector público) ceden el uso de activos de infraestructuras de los puertos a empresas privadas para su explotación exclusiva y, en muchos casos, para que se acometan obras de ampliación, renovación o construcción. Las concesiones se configuran como una solución óptima, que permite incentivar la participación de la iniciativa privada, a la vez que garantiza que la propiedad de los activos se mantiene dentro del sector público. La contribución del capital privado a la financiación de infraestructuras de interés general como complementario de la inversión pública va a ser primordial en los próximos años.

El modelo hacia el que se avanza está basado en autoridades portuarias, con autonomía funcional y de gestión, proveedoras de infraestructuras y espacios y reguladoras de los servicios prestados por la iniciativa privada. Ello significa la potenciacion de la participación de la iniciativa privada en las inversiones y en la prestación de los servicios portuarios, favoreciendo la externalización de los servicios prestados actualmente por gestión directa, y favoreciendo la inversión privada en infraestructuras, instalaciones y equipos.