«La Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) ha adoptado la decisión unilateral de transformar el puerto pesquero de El Terrón en uno deportivo. Sin embargo, dos circunstancias concretas han hecho que se acometa de manera ilegal. De un lado, el hecho de no ser titular registral de todo el terreno necesario para las obras en tierra; de otro, la decisión de no someter el proyecto al preceptivo estudio de impacto ambiental». Es el punto de partida de la denuncia que Proyecto ínter/Sur, con el respaldo de otras organizaciones como Ecologistas en Acción, ha remitido a diversas instancias institucionales entre las que se encuentra el Fiscal General del Estado, la Comisión de Peticiones del Parlamenfo europeo, la del andaluz, o el Ministerio de Medio Ambiente.

Los ecologistas critican el modus operandi de la empresa, quien «ha hecho públicas recientemente las contrataciones de obras a desarrollar bajo el título de Proyecto de Demolición de Naves y Edificio en el Puerto de El Terrón —BOJA del 16 de febrero de 2007— y Proyecto de Instalaciones Náutico-Deportivas —BOJA del 2 de marzo de 2007—». Respecto al primero, advierten que «se refieren a inmuebles cuya titularidad, según se puede comprobar en el Registro de la Propiedad de Ayamonte, no corresponde a la empresa pública». Aseguran que la EPPA «no se ha atenido a los trámites del procedimiento legal de recuperación del dominio público que reclama. Ha optado por actuar con precipitación y usando la fuerza contra el titular registral, vulnerando sus derechos fundamentales». Y agregan: «De hecho de este asunto tienen conocimiento múltiples sedes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Juzgado de lo Contencioso de Huelva y, en la vertiente penal, el Juzgado de Instrucción de Ayamonte».

«La EPPA ha pactado con la Consejeria de Medio Ambiente una fórmula tramposa que ha llevado a eliminar el imprescindible dragado del canal de acceso a las instalaciones portuarias y limitar esta actividad a la zona de pantalanes con el fin de utilizar la declaración de impacto ambiental obtenida en 2003 para un proyecto anterior». En la misma línea señalan que «en vez de someter a estudio de impacto un proyecto global que garantice la viabilidad de las nuevas instalaciones portuarias, la entidad pública ha optado por realizar triquiñuelas que han conducido a la fragmentación del proyecto y, en consecuencia, a licitaciones de obras que no cumplen los mínimos requisitos legales». Éstas eran algunas de las declaraciones que Inter/Sur vertía a un diario local contra la EPPA...