Lo preocupante de todo este asunto es que ya se han alzado voces que claman contra esta operación por considerar que la EPPA no es la propietaria legal de todos los terrenos que incluiría la obra. En este sentido, deberíamos remontarnos varias semanas atrás, concretamente al extraño desahucio del que fue objeto el legitimo propietario de una vivienda situada en los terrenos sobre los que ahora se quiere construir el puerto deportivo.

Por si esto fuera poco, la administración encargada de las infraestructuras portuarias pretende llevar a cabo esta transformación sin elaborar el preceptivo estudio de impacto ambiental, un requisito si cabe más importante teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto afectaría a dos parajes naturales protegidos, las marismas del río Piedras y la flecha de El Rompido. Estas dos circunstancias han movido a asociaciones conservacionistas como Proyecto ínter/Sur o Ecologistas en Acción a buscar amparo en la Fiscalía General del Estado, el Parlamento Europeo o el Ministerio de Medio Ambiente, al objeto de evitar que se consume este despropósito, que la EPPA, en connivencia con la Junta, justifica con un estudio de impacto obtenido en 2003 que no contempla las infraestructuras que ahora se quieren construir. Una argucia legal impropia de quien, por otro lado, dinamita proyectos más importantes, como la Huelva-Cádiz, basándose en criterios que ahora parece despreciar sin ningún miramiento...